Documento sin título

El 17 de septiembre de 1970, se emitió la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, permitiendo a las autoridades regular las actividades monetarias, crediticias, financieras y cambiarias. El 23 de agosto de 1973, se decretó la Ley de Creación de la Junta Monetaria, lo que significó la concentración de la formulación y dirección de las políticas monetarias y financieras en un nuevo ente del Estado y el Banco Central se convirtió en ejecutor de las resoluciones. Asimismo, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dependía de la Junta Monetaria.

El Banco Central de Reserva de El Salvador fue fundado como Sociedad Anónima, el 19 de junio de 1934, con el objetivo de controlar el volumen del crédito y la demanda del medio circulante, asegurando la estabilidad del valor externo del Colón, regulando la expansión o contracción del crédito y fortaleciendo la liquidez de los bancos comerciales, mediante un fondo central de reserva bancaria bajo su control. Se le facultó para emitir moneda con carácter exclusivo. El banco funcionó durante 27 años como sociedad anónima, manteniendo su imagen de austeridad y sanidad.
El 20 de abril de 1961, mediante la Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, el Banco Central se convirtió en entidad del Estado de carácter público, reorganizando y modificando sus funciones originales. La Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador fue aprobada el 15 de diciembre de 1961 y en ella se establecieron los siguientes objetivos: Promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional; mantener la estabilidad monetaria del país; preservar el valor internacional del Colón y su convertibilidad; y coordinar la política monetaria del Banco Central con la política económica del estado. Dentro de la organización y administración del Banco se creó la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, para supervisar al sistema financiero.
El 17 de septiembre de 1970, se emitió la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, permitiendo a las autoridades regular las actividades monetarias, crediticias, financieras y cambiarias. El 23 de agosto de 1973, se decretó la Ley de Creación de la Junta Monetaria, lo que significó la concentración de la formulación y dirección de las políticas monetarias y financieras en un nuevo ente del Estado y el Banco Central se convirtió en ejecutor de las resoluciones. Asimismo, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dependía de la Junta Monetaria.
El 7 de marzo de 1980 se aprueba la Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, cuyas acciones pasaron a ser propiedad del Estado. El 25 de marzo de 1982 se emitió la Ley del Régimen Monetario, se consolidó el manejo del Estado de las medidas monetarias, cambiarias y crediticias, por medio de la Junta Monetaria. Durante la década de los 80, la estatización de las instituciones financieras, la política económica inadecuada, la inestabilidad político-social durante el conflicto y la destrucción de la infraestructura económica llevaron a los bancos y financieras a una grave situación de insolvencia. El sistema financiero salvadoreño en 1989 estaba técnicamente quebrado. Para revertir esta situación de crisis y considerando la importancia que tiene el sistema financiero de un país para el desarrollo económico y social, en julio de 1989 el Banco Central inició el Programa de Reformas del Sistema Financiero, el cual fue parte esencial del Programa Económico de Mediano Plazo del Gobierno. Los componentes del Programa de Reformas fueron: la política financiera y la modernización del sistema financiero. Dentro de la política financiera se estableció el nuevo papel del Banco Central y se redefinieron las políticas monetaria, crediticia y cambiaria. Dentro de la modernización del sistema financiero, se readecuó el marco legal e institucional y se llevó a cabo el saneamiento, fortalecimiento y privatización de las instituciones.
Además, se readecuó el marco lega para fortalecer el sistema financiero, aprobando nuvas leyes y reformas. La Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, aprobada el 22 de noviembre de 1990, define a la Superintendencia como una institución con autonomía en lo administrativo, en lo presupuestario y en el ejercicio de sus atribuciones.
Sus funciones son las de fiscalizar al Banco Central de Reserva, así como todas las instituciones integrantes del Sistema Financiero, autorizar la constitución, funcionamiento y cierre de los bancos, financieras, instituciones de seguros y otras entidades que las leyes señalen, y demás funciones de inspección y vigilancia de dichas entidades. Asumió una supervisión prudencial del sistema financiero con total autonomía del Banco Central. El 12 de abril de 1991 se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador conceptuándolo como una institución pública, autónoma y de carácter técnico. Se fijó como objetivo fundamental de la institución, velar por la estabilidad de la moneda y como su finalidad esencial, promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y financieras más favorables para la estabilidad de la economía nacional.
Se modernizaron sus funciones institucionales eliminando la facultad de controlar el destino del crédito y prohibiendo otorgar financiamiento al Estado y a las empresas públicas, permitiéndole cumplir de la mejor manera su propósito fundamental de mantener la estabilidad monetaria. Asimismo, la nueva Ley Orgánica aprobada en 1991, obligó al Banco Central a divulgar el Programa Monetario y Financiero, memoria de labores, informes económicos y estados financieros, propiciando una mayor transparencia en sus operaciones.
Con la aprobación de la Ley de Creación del Banco Multisectorial de Inversiones, el 21 de abril de 1994, se eliminó la responsabilidad de crédito para el sector privado, asumiendo esta función la nueva institución. Además, se eliminó la facultad del Banco Central de fijar las tasas de interés y el tipo de cambio y sólo puede influir sobre estas variables, a través de operaciones de mercado abierto. El 1 de enero de 2001, El Salvador entró en un proceso de integración monetaria. Ese día, entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria -LIM- aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2000.
La Ley establece el tipo de cambio fijo e inalterable entre el colón y el dólar de los Estados Unidos de América, a razón de ocho colones setenta y cinco centavos por dólar, otorgándole al dólar curso legal irrestricto con poder liberatorio para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional. Permite también la contratación de obligaciones monetarias expresadas en cualquier otra moneda de legal circulación en el extranjero.
Asimismo, la LIM sustituyó los Arts. 49, 51 y 62, y derogó los Arts. 29, 30, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 60, 61 y 63 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Con estas modificaciones a la Ley Orgánica, se le retiró al Banco Central la facultad de emitir especies monetarias, así como la función de coordinar la política monetaria con las restantes políticas económicas que establece el Gobierno de la República. A partir de la vigencia de esta Ley, también se eliminó la función de elaborar y publicar anualmente el Programa Monetario y Financiero. A la fecha, el proceso de Integración Monetaria se desarrolla exitosamente.